"El efecto, obviamente, sería perverso, porque perderíamos tráfico en nuestros puertos sin con ello evitar las emisiones" y "el barco que se ubique en otro puerto para hacer sus tránsitos, es muy probable que no lo recuperemos", dijo a EFE el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a su llegada a un consejo de ministros de Transportes de la UE en Luxemburgo.

Las embarcaciones que cubren rutas dentro de la Unión Europea deben pagar el 100 % del CO2 emitido, según el precio de mercado que proyecte el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), y los que llegan a la UE desde otras jurisdicciones debe pagar el 50 %.

El peligro que detectan España y los otros nueve países firmantes es que los transportistas trasladen sus operaciones a puertos no comunitarios de Argelia, Marruecos o el Reino Unido, así como Noruega e Islandia (que no son miembros de la UE pero sí del Espacio Económico Europeo y eventualmente tendrán que adaptarse a la normativa comunitaria) o incluso a los puertos de Rusia, si un día cambia la situación geopolítica.

Un carguero que viaja de Shanghái a Algeciras recorre unas 10.300 millas náuticas y debería pagar el 50 % del CO2 que emita.

Pero la normativa comunitaria vigente de ETS, actualizada en 2022, no impide que el buque atraque primero en Marruecos, sin tasa de emisiones, redistribuya los contenedores en barcos más pequeños y que estos paguen sólo por el CO2 emitido en esas últimas 15 millas náuticas de trayecto para llegar a Algeciras.

"¿Qué es lo que estamos haciendo? Sobre todo, hacer hincapié en que la Unión Europea, ha de tener conciencia de la necesidad de monitorizar de una manera muy estrecha lo que se está produciendo", señaló Puente.

España evocó el asunto en la última reunión ministerial de diciembre y ahora ha trasladado a los Veintisiete una declaración escrita suscrita por diez países (todos los del Mediterráneo salvo Francia y Eslovenia, más Lituania y Polonia) y ha pedido que se debata el asunto en el consejo de ministros europeos del ramo.

El siguiente paso que sugiere Madrid es elevar el problema a la Organización Marítima Internacional (OMI) para que todo el tráfico de mercancías en el planeta pague impuestos climáticos, pues España no cuestiona "la necesidad de gravar las emisiones" y considera que el compromiso medioambiental debe ser "muy contundente, muy claro, muy fuerte".

"Lo que sí que creemos es que hay que repensar, probablemente, el modelo para evitar esas fugas de carbono", señaló el ministro.

De inicio, España cree necesario disponer de un "análisis detallado y exhaustivo de los datos de los puertos en los que se puede producir esa fuga de carbono y de qué puertos potencialmente van a recibir esos tráficos", con vistas a adelantar la revisión de la normativa prevista para 2026, que implicaría cambios hacia 2028.

En ese momento, el mercado está "distorsionado" porque los puertos españoles están en un momento "de gran crecimiento y de crecimiento súbito" de hasta el 40 % debido a que están absorbiendo trayectos que evitan el mar Rojo por la situación en Ucrania y privilegian rutas por el cabo de Buena Esperanza en el sur de África.

Y, entre tanto, el ministro sugiere "repensar un poco la figura del ETS, pensando en gravar no tanto el barco sino el contenedor".

"Lo importante es de dónde viene el contenedor, qué recorrido ha hecho, qué pago de emisiones ha realizado en el camino y, por tanto, un cálculo y grabar esas emisiones. Creo que esa es la clave. Y por tanto, de ahí, sin absolutamente apartarnos del compromiso de descarganización, creemos que el diseño, probablemente, del impuesto, deba ser repensado", agregó Puente.