El Tribunal Constitucional, es un órgano no judicial, sino político, sus miembros son nombrados por partidos políticos, y su misión consiste en analizar si, finalizado un conflicto judicial, ha podido existir vulneración de un derecho fundamental, pero nunca entrar a analizar cuestiones de prueba o si existió o no un delito, ya que, ello, como digo, corresponde a los tribunales ordinarios. Y desde siempre sus resoluciones han sido de consenso entre todos sus componentes.

Pues bien, estamos contemplando atónitos, cómo la actual mayoría de ese Tribunal -7 de los llamados “progresistas”, sobre los 4 restantes “conservadores”-, se están extralimitando en las funciones encomendadas por la Constitución y anulando sentencias del Supremo, y que afectan bien a socios del Gobierno -caso del procés catalán- o a personas del partido en el poder -caso de los ERE de Andalucía-, donde en este último caso, llegan a dar una interpretación distinta a los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación, para exonerarles de responsabilidad penal y excarcelarles.

El Constitucional había sido hasta ahora un órgano donde eran elegidos juristas de gran prestigio -magistrados del Supremo, catedráticos de Universidad y otros de igual relevancia-. El presidente, Conde Pumpido, si bien es un gran profesional, no hay que olvidar que fue fiscal general con el Partido Socialista, y el resto del grupo “progresista”, han tenido hasta hace poco, cargo a nivel de Gobierno, jefe de gabinete o vocal del Poder Judicial, designados por el PSOE.

Con esas resoluciones se está degradando no solo el prestigio, sino la confianza del ciudadano en esa Institución, donde incluso se anuncian con antelación el resultado de sus sentencias por personas ajenas a dicho órgano.

Pero si ello ocurre con este órgano constitucional, qué decir de cuanto viene ocurriendo con el fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz.

Su nombramiento, de libre designación, incumbe al Gobierno, entre juristas igualmente de prestigio, con más de quince años de ejercicio profesional. Tradicionalmente, han ostentado ese cargo magistrados o fiscales del Tribunal Supremo. Al ser designados por el Gobierno de turno, lo normal es que compartan sus ideologías, aunque teóricamente una vez nombrado, deben ser independientes en su gestión. Al ser un órgano jerarquizado, imparte instrucciones -de obligado cumplimiento- a todos los fiscales del país, a través de los fiscales superiores -ubicados en comunidades autónomas- o bien provinciales.

Ya desde el informe previo a ser nombrado, el Consejo del Poder Judicial se manifestó en contra de ello, al no reunir requisitos imprescindibles para ostentar ese alto cargo.

Pero es que, designó para fiscal del Supremo a doña Dolores Delgado, anterior fiscal general. Un grupo de fiscales impugnó ese nombramiento ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, al considerar no reunía requisitos; el Supremo recientemente dio la razón a quienes impugnaron, dejando sin efecto la designación de la señora Delgado.

Ha apartado del caso del procés a cuatro fiscales de gran reconocimiento profesional, al no compartir su criterio de aplicar la Ley de Amnistía a aquellos condenados.

Más llamativo ha sido su actuación en el caso de la pareja de la señora Ayuso. Ordenó mediante WhatsApp a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, diera a conocer la noticia, porque al parecer, interesaba al Gobierno. Así lo hizo, obedeciendo tal orden.

El fiscal general, además de inmiscuirse en otros casos que afectan a políticos o sus familiares, cuestión inaudita, está a punto de ser imputado por un delito de revelación de secretos. El señor García Ortiz ha reconocido ese hecho, y a punto de ser imputado por un delito de revelación de secretos.

Ante ello, disminuye hasta lo mínimo, la confianza en los ciudadanos en dicha Institución, arrastrando al resto de la Carrera Fiscal, que cuenta con grandes profesionales y que han de cumplir órdenes que emanan de su fiscal general.

Y ello llega en unos momentos donde recientemente se ha anunciado por el señor ministro de Justicia, haber presentado proyecto de ley, por el que los fiscales asumirán la instrucción de los procedimientos -recabar pruebas para posteriormente decidir si son suficientes o no para ser enjuiciados- y eliminando la figura del juez de Instrucción. Esto es, los fiscales decidirían si investigar a tal o cual persona que haya podido cometer delito.

Se precisa, en mi opinión,  una auténtica regeneración democrática, redefiniendo sus funciones e independencia, ya que dos de sus órganos imprescindibles en un Estado de Derecho se hallan en entredicho y sus resoluciones son muy cuestionadas.