Ni el Gobierno de España, ni el Congreso de los Diputados, ni el Senado, ni las comunidades autónomas, ni los partidos políticos quieren apoyar con determinación y rotundidad la modificación de la Ley de Extranjería, para que la distribución entre las autonomías de los menores no acompañados sea obligatoria.

El resultado de la reunión celebrada el miércoles último en Santa Cruz de Tenerife quiebra el principio de solidaridad inter territorial que preconiza la Constitución. Todo un decepcionante fracaso del Estado.

El compromiso de distribuir en otras autonomías tan solo 400 de los casi 6.000 menores no acompañados que acoge Canarias no solo resulta ridículo, sino que muestra, además, una absoluta falta de compromiso y solidaridad, no solo con Canarias sino, lo que es peor, con los menores hacinados en los centros habilitados de manera improvisada. Se impone así la mala política sobre el compromiso social, la generosidad, la solidaridad y el humanitarismo.

La mayoría de las comunidades autónomas hacen seguidismo y copian los movimientos tácticos de sus partidos, que anteponen el cómo pueden culpabilizar al otro en lugar del qué deberían hacer para enfrentar una crisis humanitaria colosal, que amenaza con prolongarse indefinidamente, en tanto existan diferencias sociales tan acusadas en territorios limítrofes.

El despliegue intelectual y mediático de socialistas y populares, en torno a los dos grandes partidos de Estado, está más centrado en cómo dejar en evidencia al otro que en buscar una solución razonable a un problema que es de todos.

Asimismo, la posición adoptada por el Ejército también nos parece muy poco ejemplarizante. El compromiso de las Fuerzas Armadas en los momentos difíciles ha sido siempre estar junto a la sociedad civil. No se puede entender su negativa al uso de cuarteles infrautilizados para acoger, aunque sea provisionalmente, a los menores no acompañados.

El drama que vivimos en torno a la llegada de migrantes, la ausencia de acuerdo entre partidos y la falta de respuesta del resto de autonomías exigen que el Gobierno de España obligue a un reparto justo y equitativo entre todos los territorios del Estado, a través de la figura jurídica que estime oportuno. No hay más.