Así se recoge en la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2023, que constata que el cultivo de cannabis sigue incrementándose en grandes extensiones aprovechando zonas despobladas o en cultivos 'indoor' cada vez más frecuentes.

En cuanto a los procedimientos judiciales por delitos contra la salud pública, la Fiscalía señala que siguen creciendo con un incremento del 10,16 %, motivo por el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reclaman más medios.

Considera que la administración de Justicia necesita salir de la situación de sobrecarga, "en algunos casos verdadero colapso", para poder abordar la investigación y el enjuiciamiento de estos asuntos de forma ágil y eficaz.

Impotencia del Estado frente a la proliferación de narcolanchas

La memoria constata también una "proliferación escandalosa" de narcolanchas para la introducción de hachís desde Marruecos, especialmente en la zona del Estrecho, así como la violencia con la que embisten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y admite "la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas".

Muestra de ello es el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, "que constituye uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan".

Estas embarcaciones, según la Fiscalía, son visibles a plena luz del día o por la noche, navegando por la desembocadura del Guadalquivir, por puertos deportivos o muelles pesqueros en Barbate, Conil de la Frontera o Sancti Petri, exhibidas por los narcotraficantes cuyo "atrevimiento" muestran las redes sociales y algunos medios de comunicación.

Además, la Fiscalía denuncia "la alarmante" acumulación de narcolanchas incautadas que no pueden ser vendidas ni, en general, son usadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al no considerarlas idóneas para su trabajo.

Se acumulan en distintos puertos por los retrasos en las tasaciones y en la autorización judicial para su destrucción, lo que supone unos elevados gastos, a lo que se suma "un riesgo comprobado" de robos y vuelta al mercado de motores de gran valor, asegura la Fiscalía.

A principios del año 2024 estaban depositadas en Puerto de Santa María (Cádiz) unas 80 embarcaciones y unos 150 motores que se suman a casi 300 narcolanchas en la zona de Algeciras.

La Fiscalía vuelve a proponer como ya hizo el año pasado tipificar como delito el almacenamiento y transporte de la gasolina destinada a abastecer a estas embarcaciones como una medida para desincentivar su uso.

Aboga también por abordar de manera urgente la regulación de los agentes encubiertos, que contemplaba un anteproyecto de ley que decayó por el cambio de legislatura, y que debe atender a lo que se conoce como operaciones encubiertas.

El anteproyecto incluía también una regulación de los equipos conjuntos de investigación, que, más allá de tratados internacionales, carecen de base legal cuando se trata de su constitución con terceros países, recuerda la Fiscalía.